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DIFERIMIENTOS IMPOSITIVOS, FALACIA E INCONSISTENCIA TÉCNICA DEL DECRETO 135/06

San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de noviembre de 2007

 

DIFERIMIENTOS IMPOSITIVOS

FALACIA E INCONSISTENCIA TÉCNICA 

DEL DECRETO 135/06

 

Probablemente para quienes no estén directamente vinculados a la promoción de inversiones agropecuarias del Régimen Nacional de Desarrollo Económico, Leyes 22.021, 22.702 y 22.973, vigente en las Provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan; el tema del título les resulte de escasa  significación ó importancia en el marco de sus actividades ordinarias, similar al que, sin aquella desmotivación, se observa en la actitud complaciente de las Autoridades de Aplicación Provinciales.

 

Entonces para aquellos que realmente se interesen por el sistema de beneficios fiscales y honestamente les importe el desarrollo económico social con sentido federal y autónomo de estas provincias; se expone a continuación un nuevo análisis del Decreto Nacional Nº 135/06, ahora en detalle de los artículos 3º y 4º, sus inconsistencias y contradicciones técnicas asociadas al objetivo de exclusiva conveniencia del fisco nacional en desmedro de la autonomía federal para el desarrollo económico (causa, motivo y objeto de la Ley 22.021 y sus modificatorias).

 

El día 7 de Febrero de 2006, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el Decreto Nº 135, a días de su difusión, el 15/02/2006, el suscrito elaboró un primer trabajo sobre el tema en el que, respecto de sus artículos 3º y 4º, se expresa: 

  

“Mediante el artículo 3º, casi “inocentemente o al pasar”, se crea una figura inexistente hasta ahora en el marco jurídico de los diferimientos, se trata de la “aceptación” ó rechazo, en su defecto, de los diferimientos por parte de la AFIP-DGI, lo hace al tiempo en que le encomienda verificar previamente que los diferimientos a efectuar no superen los remanentes de los Anexos I y II. Tal acción de la AFIP no se encuentra reglamentada en ninguna otra parte, por lo tanto podrá ser ejercida con absoluta libertad y a discreción por el organismo fiscal, tampoco se explica qué función cumplirá de ahora en más en este esquema, el mecanismo de control y certificado de autorización, creados por el Dcto. 1232/96.”

 

“El artículo 4º obliga y emplaza a las Provincias a remitir dentro de los 30 días corridos (10/03/2006) los instrumentos detallados en los Anexos I y II, sin decir qué sucederá si dicho acto no ocurre total o parcialmente; igual para la remisión de los cuadros de Fuentes y Usos de Fondos por parte de las Empresas Promovidas a la AFIP, aunque en este caso resulta indudable que su consecuencia será la inhibición de los diferimientos, pero lo más grave es que mandados estos cuadros, los diferimientos a efectuar se deberán acomodar cronológicamente a ellos, y si bien los excedentes anuales nunca fueron aceptados, ahora los faltantes de un año no podrían ser transferidos al siguiente, pues del texto del decreto queda bien claro que la previsión presupuestaria del costo fiscal (impuestos que se prevé diferir en un año y no en otro) prevalece a la de ejecución del proyecto, he incluso es puesta por sobre  la finalidad del interés publico del desarrollo económico. Utilizar el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos de la Empresa Promovida para encajonar los diferimientos en el año de la captación del aporte solo puede interpretarse como una forma de alterar la normativa vigente al solo efecto de evitar en lo posible el uso de la franquicia o la espera en el ingreso fiscal (diferimiento), como si se tratara de un prestamista privado que cuida avaramente “su dinero” que alguien, un tercero, hubiera dispuesto sin “su consentimiento” con destino a un crédito blando “no querido”. Si bien esta podría ser torcida y equivocadamente la óptica fiscal, desde el punto de vista de la Autoridad de Aplicación Provincial, su aceptación o convalidación (expresa o tácita por silencio) de los funcionarios públicos actuantes, es una verdadera aberración política y una barbaridad técnica, inadmisible para quienes tienen la obligación de defender aunque sea con un mínimo de calidad profesional el interés público de la provincia a la que pertenecen.”

 

Expliquemos, ahora pasado más de un año de aquel comentario, cómo sus consecuencias se van cerrando sobre la ejecución del proyecto, en realidad la limitación exacerbada, al grado de impedimento, del uso regular y eficiente del beneficio de diferimiento impositivo para el cometido de la Ley 22.021, que en mérito a lo actuado es lo único que aparentemente le interesaría al organismo de recaudación impositiva nacional.

 

Desde hace bastante tiempo la AFIP-DGI “necesitaba” convalidar el criterio de que el pretendido “gasto” que le representa el diferimiento de impuestos está sometido anualmente a la autorización para gastar emanada de la Ley de Presupuesto Nacional, pues tal criterio es su única defensa o justificación en los innumerables juicios que existen con motivo del sistemático rechazo a las reasignaciones de cupos otorgadas por las provincias como autoridades de aplicación, a lo que luego se le agregan las reformulaciones de proyectos; este reconocimiento considera lograrlo mediante un decreto ominoso para la promoción como el mencionado Nº 135/06, decreto cuya redacción jamás podría haber existido tal como fue concebida de no haber mediado una acción tan complaciente para aquella postura fiscal, como indolente en su propio ámbito jurisdiccional de algunas provincias afectadas y el silencio de otras.

 

La postura fiscal sostiene que si el Cupo Fiscal Global que figura año a año en la Ley de Presupuesto Nacional es equivalente a la suma de costos fiscales de los proyectos aprobados (Cuadro de Fuente y Usos de Fondos)  para el año que se trate; solamente se pueden aceptar o aprobar como gasto del año los diferimientos impositivos que se contemplan para ese periodo de tiempo exclusivamente, ergo los anteriores y/o posteriores en los cronogramas de cada proyecto no estarían autorizados como partida presupuestaria, ergo: su uso en tal periodo de tiempo devendría en ilegítimo.

 

Sentencia ideológicamente FALSA  y técnicamente INCONSISTENTE.

 

El planteo del exceso presupuestario es FALSO, pues el Cupo Fiscal Global que figura año a año a partir de la modificación ordenada por Ley 23.410 (B.O. 19/03/88) no es ya en esencia una partida presupuestaria y su valor resulta meramente indicativo, ya que dicha ley establece como autorización para gastar al Cupo Anual asignado por jurisdicción (no al Global) y como ejecución del gasto exclusivamente al costo fiscal imputado a ese Cupo Anual  para el año de aprobación del proyecto (1º año o promedio anual, el mayor) y no los posteriores, los que deben detraerse progresivamente, a partir de la vigencia de la Ley 23.410, del cálculo de recursos.

 

La Ley de Presupuesto es una estimación de recursos y una limitación cualitativa y cuantitativa de la autorización para gastar del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

 

En esta ecuación los diferimientos impositivos pueden ser considerados como gasto o como reducción de los recursos; hasta la vigencia de la  Ley 23.410 el costo fiscal de los diferimientos estaban incluidos en el cálculo de recursos y tratados como gasto limitados en uso a dicha autorización; a partir de ella deben ser deducidos  en el cálculo de los ingresos fiscales y por lo tanto excluidos también de las partidas de erogaciones presupuestarias.

 

En definitiva desde el Presupuesto del año 1989, por Ley, no existe ninguna partida presupuestaria que contemple el costo fiscal de los proyectos anteriores (el Costo Fiscal Global se vuelve meramente en indicativo, no operativo), solo existe la autorización del gasto para aprobar nuevos proyectos (hasta el 2001), por lo tanto si tales partidas no existieron, tampoco existe la imposibilidad de disposición de los remanentes por caducidad (no uso dentro del año calendario).

 

Así como la Ley de Presupuesto no permite excesos en las autorizaciones (gastos), no limita ni penaliza por ilegítimos los faltantes o excedentes del cálculo de ingresos (recursos).

 

Por lo expuesto los costos fiscales que figuran en los cuadros económicos de las empresas promovidas (Fuente y Usos de Fondos, Costo Fiscal Teórico, Cronograma de Inversiones, etc.) no son agregados como partida de gasto expreso en la Ley de Presupuesto, sino que deberían haber sido considerados por el Ejecutivo reduciendo el cálculo de recursos en sendos años (Ley 23.410, modifica desde el año 1988 el artículo 10º de la Ley 21.608), de tal forma no representan un límite cuya excedencia se penalizaría por violatoria de la normativa de orden emanada del Legislativo.

 

De esta manera, a partir de una falacia,  el Dcto. 135/06 avanza sobre la programación de inversiones de los  proyectos y avasalla la normativa de origen para su ejecución.

 

Por otra parte la imputación de los diferimientos del Inversor mediante el uso de los cuadros económicos de la Empresa Promovida resulta INCONSISTENTE ya que la cronología de los aportes captados se correlaciona con la aplicación del recuso a la inversión y no con el fondeo posterior del Contribuyente Titular de la integración de capital o aportación directa.

 

Esto surge de la mecánica primigenia para el usufructo del beneficio fiscal de acuerdo a Ley Nacional de Desarrollo Económico (Ley 22.021), que en su artículo 11º exige al inversor realizar el aporte antes del vencimiento general del impuesto, por lo que se deduce que el diferimiento (uso del beneficio) debe necesariamente ser posterior, pero no dice cuánto tiempo después, entonces si bien el cuadro de Fuentes y Usos de Fondos de la Empresa Promovida considera un año determinado para captar el recurso financiero (aporte que otorga derecho a diferir al Inversor), el uso efectivo del beneficio (diferimiento) podrá ser tan posterior como para excederse de la finalización del año calendario del aporte, lo que no representa ninguna irregularidad, ni falseamiento de los cuadros económicos de la promovida, simplemente es un hecho temporal no incluido en condición de límite por el sistema, pues se relaciona directamente con la capacidad fiscal (generación de impuestos) de la Inversora y no estrictamente con la ejecución del proyecto.

 

Por último cabe observar otra inconsistencia técnica del Dcto. 135/06; al tomar los cronogramas de las Empresas Promovidas (proyectos) no tuvo en cuenta que tales anualidades se refieren a ejercicios comerciales que no necesariamente deben concurrir con el ejercicio presupuestario público asignado en base anual calendario.

 

La falsedad ideológica del planteo presupuestario y las inconsistencias técnicas del Decreto 135/06, obligan a su revisión urgente; pero quienes deberían sentirse afectadas por tales avances resultan ser las debilitadas (casi entregadas) posturas de las actuales Autoridades de Aplicación Provinciales, sin embargo urge aunque mas no sea corregir alguna de las consecuencias de tal despropósito jurídico estableciendo, verbigracia, por vía reglamentaria que los diferimientos no ejecutados en un año puedan ser automáticamente traslados al siguiente aplicando analógicamente el criterio de imputación y vigencia de los Bonos de Crédito Fiscal en la mecánica de utilización prevista por la Ley 23.658 y el Decreto Nacional Nº 2054/92 (inicialmente dictados para la Promoción Industrial).

 

Queda en evidencia que la convalidación del Decreto 135/06 pretendida por las Autoridades de Aplicación como resultado positivo de una “benéfica anuencia” presidencial, lejos de constituir un aval del criterio técnico con sostenimiento jurídico de su accionar en materia de reasignaciones y reformulaciones de proyectos, representa todo lo contrario: ilegitimidad de los actos administrativos dictados por los Gobernadores y ratificación del criterio presupuestario sustentado por la AFIP-DGI en los cuantiosos juicios actualmente  en trámite incoados  ante la Justicia Federal por estas cuestiones, todo sobre la base falaz e inconsistente de una quimérica teoría de restricción  presupuestaria.    

              

Raúl E. Macaroff

Contador Público Nacional

Universidad Nacional de Catamarca

Pos grado Estrategia y Adm. Agrop. (Univ. de Belgrano)

Especialista en Regímenes de Promoción

E. Mail: macaroff@arnet.com.ar  

Web Site: www.macaroff.com.ar

 

Fecha: 1/11/2007
 
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